Al hablar de ciudadanía en Guayaquil, muchos de los discursos provenientes de las élites políticas con respecto a lo que ésta debe ser y cómo se la debe ejercer, han sido asimilados por diversos grupos que reclaman el derecho a ser tratados como ciudadanos y ciudadanas.
Citando a Marcia Ochoa[1], quien entiende la ciudadanía como “los procesos que producen una persona como parte de un grupo social-las cosas que lo hacen sentir parte de ese grupo, tanto como las cosas que hacen que la sociedad lo vea como parte de ese grupo”, me permito hacer un análisis y reflexión en cuanto a la posibilidad de construir una ciudadanía plena (sexual) en Guayaquil.
Si a un ciudadano se lo concibe como parte de un grupo social y como un sujeto de derechos que los ejerce, entonces estamos hablando de que esos derechos implicarían un ejercicio pleno de la sexualidad en sus diversas formas. Al hablar de una ciudadanía plena tomo en consideración el ámbito de las prácticas sexuales que no son incluidas dentro del concepto de derechos ciudadanos.
La práctica cotidiana del Gobierno Local de Guayaquil, mediante la aplicación de sus Ordenanzas Municipales, coartan el derecho a ejercer una ciudadanía sexual. La alusión al tema de atentado contra la “moral y las buenas costumbres” es un discurso que se ha ido reafirmando progresivamente desde hace dieciséis años en Guayaquil, este discurso incluye principalmente en la práctica la represión permanente a gays y transgéneros que ejercen el trabajo sexual.
Desde mi punto de vista, para construir una ciudadanía sexual en Guayaquil, es necesario un proceso de organización de las personas gays y transgéenros que cuestione y proponga nuevas alternativas para el ejercicio de una ciudadanía plena, la cual incluya la diversidad de las prácticas sexuales. Se convierte en una necesidad no acceder a procesos adaptativos que desean convertir al sujeto social en un ciudadano reconocido con derechos y responsabilidades manejados y regulados desde el Estado bajo una concepción de “buena ciudadanía”. Es necesario cuestionar permanentemente discursos conservadores y moralistas que han sido pronunciados permanentemente por quienes tienen el poder político desde hace casi dos décadas en esta ciudad.
Construir una ciudadanía sexual significaría dejar de pensar que el Estado bajo un poder regulatorio, tiene la única tarea de conferir o quitar los derechos que cree conveniente para una persona. Implicaría entonces discutir la ciudadanía desde un enfoque de libertad y autonomía de los cuerpos y su sexualidad y no sentir que somos o no merecedores de ciertos derechos ajustados a un esquema moralista del Estado.
[1] Ochoa, Marcia (2004) “Ciudadanía perversa: divas, marginación y participación en la “loca-lización”. En Daniel Mato (coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, pp. 239-256.
Citando a Marcia Ochoa[1], quien entiende la ciudadanía como “los procesos que producen una persona como parte de un grupo social-las cosas que lo hacen sentir parte de ese grupo, tanto como las cosas que hacen que la sociedad lo vea como parte de ese grupo”, me permito hacer un análisis y reflexión en cuanto a la posibilidad de construir una ciudadanía plena (sexual) en Guayaquil.
Si a un ciudadano se lo concibe como parte de un grupo social y como un sujeto de derechos que los ejerce, entonces estamos hablando de que esos derechos implicarían un ejercicio pleno de la sexualidad en sus diversas formas. Al hablar de una ciudadanía plena tomo en consideración el ámbito de las prácticas sexuales que no son incluidas dentro del concepto de derechos ciudadanos.
La práctica cotidiana del Gobierno Local de Guayaquil, mediante la aplicación de sus Ordenanzas Municipales, coartan el derecho a ejercer una ciudadanía sexual. La alusión al tema de atentado contra la “moral y las buenas costumbres” es un discurso que se ha ido reafirmando progresivamente desde hace dieciséis años en Guayaquil, este discurso incluye principalmente en la práctica la represión permanente a gays y transgéneros que ejercen el trabajo sexual.
Desde mi punto de vista, para construir una ciudadanía sexual en Guayaquil, es necesario un proceso de organización de las personas gays y transgéenros que cuestione y proponga nuevas alternativas para el ejercicio de una ciudadanía plena, la cual incluya la diversidad de las prácticas sexuales. Se convierte en una necesidad no acceder a procesos adaptativos que desean convertir al sujeto social en un ciudadano reconocido con derechos y responsabilidades manejados y regulados desde el Estado bajo una concepción de “buena ciudadanía”. Es necesario cuestionar permanentemente discursos conservadores y moralistas que han sido pronunciados permanentemente por quienes tienen el poder político desde hace casi dos décadas en esta ciudad.
Construir una ciudadanía sexual significaría dejar de pensar que el Estado bajo un poder regulatorio, tiene la única tarea de conferir o quitar los derechos que cree conveniente para una persona. Implicaría entonces discutir la ciudadanía desde un enfoque de libertad y autonomía de los cuerpos y su sexualidad y no sentir que somos o no merecedores de ciertos derechos ajustados a un esquema moralista del Estado.
[1] Ochoa, Marcia (2004) “Ciudadanía perversa: divas, marginación y participación en la “loca-lización”. En Daniel Mato (coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, pp. 239-256.
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